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Este jueves se confirmó que Armando Hernández Gallardo, de 16 años, falleció por un disparo que presuntamente recibió de elementos del Ejército mexicano en Nuevo Laredo.
La oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU confirmó la muerte, que también atribuyó a una deficiente atención médica.
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Se hizo un llamado a esclarecer los hechos y a evidenciar los impactos de la militarización de la seguridad:
“Ante este lamentable desenlace, reiteramos nuestro llamado de hace dos días a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos para esclarecer lo sucedido, así como garantizar a la familia las medidas de apoyo correspondientes conforme a la normatividad vigente”.
De confirmarse la participación de los elementos del Ejército, este caso evidenciaría los potenciales impactos del despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y en particular, los que afectan a las infancias.
El caso fue documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que encabeza Raymundo Ramos.
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La organización afirmó que el estudiante de prepa fue baleado la noche del sábado 17 de agosto.
Según el reporte, recibió una bala que ingresó por el glúteo y salió por el abdomen.
El estudiante de bachillerato resultó lesionado aproximadamente a las 20:00 horas, al quedar atrapado en medio de una persecución en el crucero de Carretera Aeropuerto y Héroe de Nacataz, entre personal del Ejército Mexicano y los ocupantes de una camioneta pick-up que terminó varada en las vías del ferrocarril, mismos que al final dejaron abandonada.
El personal del Ejército Mexicano, en lugar de asegurar la camioneta abandonada y atender al menor de edad al que le dispararon en tres ocasiones, decidieron también huir, sin reportar a las autoridades correspondientes.
Lo anterior fue narrado por el menor Armando, una compañera de trabajo y otro joven, cuyos datos personales se reservan por razones de seguridad, que fueron testigos de dicha persecución en la que habrían participado al menos tres vehículos del Ejército Mexicano.
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Horas antes de estos hechos, las fuerzas armadas habrían sostenido un enfrentamiento contra civiles armados, falleciendo en el lugar al menos cuatro personas, entre ellos, un soldado, a unos cinco kilómetros de distancia.
La familia narró que le negaron la atención médica en una clínica del IMSS; lo enviaron a un hospital más grande del mismo instituto, donde nuevamente rechazaron atenderlo por no tener actualizada su cartilla de salud.
La familia tuvo que ingresarlo a un hospital privado, donde fue sometido a cirugía.
Se reportó que la cuenta ascendió a más de 250 mil pesos.
Con información de Aristegui
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