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Un martes en que la señora María Guadalupe Pérez habla de la desaparición de su hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, tenía programada la audiencia número 16 por el delito de desaparición del que se le acusa a la pareja de su hija. Pero esta se canceló.
La madre cuenta que el abogado del presunto responsable está apelando que se desechen las pruebas.
La madre no puede dar mucha información porque el caso, uno de los pocos en Coahuila que se han judicializado, sigue vigente. Guadalupe sólo quiere saber qué fue de su hija, dónde está. Pero el detenido no ha dicho nada.
Fue el 25 de junio de 2021 que Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez no contestó las llamadas. Tenía semanas que se había ido a vivir con su pareja. Ella de 22 años, él de 38.
“Fue todo muy rápido”, recuerda la madre todavía con angustia. Sin embargo, días antes de su desaparición tuvieron una discusión, precisamente por la decisión de Jovanna Dibanhi de mudarse con un hombre del que la familia sabía poco.
“Esperé que se comunicara conmigo, pero no”, relata la madre.
Jovanna Dibanhi es la hija mayor de Guadalupe, una mujer sonriente, de cabellos rizados, a la que le gusta el asado rojo y que soñaba con ser modelo. Es, también, una de las más de 500 desapariciones registradas en los últimos seis años en Coahuila.
La señora María Guadalupe Pérez lee un pronunciamiento en el memorial de la Alameda Zaragoza acompañada por su familia que también ha resultado impactada por la desaparición de Jovanna Dibanhi.
LA DANZA DE LAS CIFRAS
La señora María Guadalupe, la madre, entró en shock cuando se enteró de la desaparición de su hija.
“Nunca esperamos estar en esta situación. No sabíamos qué hacer”, recuerda mientras toma el cartel con el rostro de su hija, un cartel como el que tienen en el Estado más de 3 mil 500 personas desaparecidas o más de 2 mil 400 según la fuente que se consulte.
Porque en el tema de personas desaparecidas, la estadística varía como si se tratara de un mercado de frutas y no de personas que no han vuelto a casa.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Coahuila hay reporte de 618 personas desaparecidas desde el 1 de diciembre de 2018, la fecha en la que entró en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cifra representa el 17% del total de desapariciones en Coahuila (3 mil 624), según la misma fuente consultada el 19 de agosto.
Sin embargo, de acuerdo con datos públicos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila, 2 mil 493 personas siguen sin ser localizadas desde el 2001 hasta el último día de marzo de 2024. De estas, 541 desaparecieron entre el 2019 y el primer trimestre de este año. Para la fiscalía estatal, el 21.7% de las desapariciones ocurrieron desde el 2019.
Existe un maquillaje de cifras que siguen sin ser reales, asegura María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y madre de Hugo Marcelino González Salazar, desaparecido el 20 de julio de 2009.
La madre asegura que siguen apareciendo fichas tanto de la Fiscalía como de la Comisión de Búsqueda, y que a pesar de que sí hay chicos que son localizados, otros no.
El fenómeno de desaparición es una situación que prevalece en el país. La foto de Armando Salas, desaparecido en 2008 en Matamoros, cuelga del coche de su padre
SIGUEN DESAPARICIONES
El último caso que atrajo el reflector es el de Pablo Jared Vallejo Adame, un joven de 23 años, originario de Torreón, desaparecido desde el 31 de julio de este año cuando se dirigía supuestamente a Químicas del Rey por cuestiones laborales.
Autoridades de Coahuila y Durango se han movilizado para dar con el joven. Hasta ahora sólo han encontrado su vehículo incendiado en una brecha, pero los gobiernos han descartado que el crimen organizado esté detrás de la desaparición.
Silvia Ortiz, representante de Grupo VIDA y madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, cree que actualmente las desapariciones en Coahuila son multifactoriales.
“Hay de todo, muchachas que están cayendo en las redes de los fulanos; delincuencia organizada, diría más bien, desaparición forzada. Quiénes y por qué desaparecen eso es un secreto a voces de quiénes son los que están actuando para que suceda esto. Lo sabemos todos”, comenta.
Para Ortiz, que ha encabezado un colectivo dedicado a la búsqueda de indicios en zonas de exterminio de La Laguna, 600 casos son muchos, por lo que habría que ver cuántas de esos casos ya aparecieron y cuántas no.
“Sí hay casos donde no han aparecido, hay otros que sí, cuáles son los casos y de qué área del estado están desapareciendo”, comenta Ortiz.
El municipio de Piedras Negras es donde más reportes de desaparición existen en este periodo de seis años con 188 casos. Le sigue Saltillo con 95, luego Torreón con 91 y después Sabinas con 58, según los datos del Registro Nacional.
Para la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Zona Norte I, que incluye a Piedras Negras, es donde más registro de desapariciones se contabilizan desde el 2019, con 185, que representa el 34% de las que tiene el Estado.
La frontera, coinciden las dos fuentes de gobierno, es donde más desapariciones hay en los últimos años. Ariana García Bosque, asesora jurídica de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, asevera que tan solo en los últimos tres años la asociación ha documentado 64 registros de desaparición en Piedras Negras, de los cuales 36 siguen sin localizarse.
La asociación ha documentado que de los 64 registros, 10 fueron localizados sin vida y 18 con vida.
Según el RNPDNO, desde el 1 de diciembre de 2018, en Coahuila se han encontrado 607 personas que tenían reporte de desaparición: 65 personas fueron encontradas sin vida. De este reporte, Saltillo tiene 264 registros de personas localizadas y Piedras Negras 96.
“Algunos son recuperados a la semana y otros se tardan más y otros no han aparecido. Sí sigue habiendo casos, hoy me reportaron una parejita. El muchacho fue por su novia desde el viernes y no han aparecido”, relata Silvia Ortiz.
Entre esos casos que se contabilizan sin ser localizada la persona desaparecida, está el de Jovanna Dibanhi, pues a pesar de que su madre se movilizó, no encontró respuestas.
La señora Guadalupe asegura que las autoridades no atendieron su súplica. “Hay 200 carpetas antes que la suya”, le dijeron. “Hay madres con 10, 15 años, 18 años buscando”, le justificaron para no buscar a su hija.
Prácticamente le dijeron que se formara en la fila.
“Para mí no es una carpeta más”, reclama ahora la madre. “Mi nieta exige a su madre”, resalta.
Nunca le dijeron, hasta cuatro meses después, que existía una Comisión de Búsqueda. En varias ocasiones hizo guardia en las instalaciones de la Fiscalía para que la atendieran. Posteriormente se unió al colectivo Voz que Clama Justicia por Nuestros Desaparecidos donde acostumbra a realizar marchas y protestar por todas las personas desaparecidas.
La madre, que no usaba redes sociales ni estaba familiarizada con hacer una investigación, se convirtió como la mayoría de los padres y madres de personas desaparecidas, en una detective más.
Se enteró por sus propias indagaciones que la pareja maltrataba a su hija. “Todas las pruebas apuntan a él. Él se va al día siguiente que me hija desaparece”, asevera la madre.
Por el caso de Jovanna Dibanhi, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU ordenó una Acción Urgente para localizarla. Pero a pesar de esto, la madre asegura que no existen investigaciones por parte de las autoridades de Coahuila. Inclusive narra que ha recibido llamadas en las que una mujer, llorando, pide ayuda. Y aunque no cree que se trata de su hija, reclama que nunca se haya indagado.
“Toco puertas, entramos en desesperación, pero no sabemos cómo actuar y vamos como pidiendo el favor a fiscalía, hágame el favor de buscarla”.
Para la fiscalía estatal, son 70 las mujeres que no han vuelto a casa desde el 2019, mientras que para el RNPDNO son 113.
La mayoría de las personas desaparecidas siguen siendo hombres.
En cuanto a rangos de edad, las personas jóvenes son las que más registro tienen. El rango de edad de 25 a 29 años tiene 100 casos, pero entre 20 y 34 años suman 258 desapariciones, el 41.7% de las desapariciones en este periodo, según datos del Registro Nacional.
María de la Luz López Castruita, representante del colectivo Voz que Clama Justicia por Nuestros Desaparecidos, cree que los jóvenes se enganchan más fácilmente en las redes sociales, lo que puede ser un factor detrás en las desapariciones.
Lucy, como la conocen, es madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 cuando tenía 17 años. La madre detalla que en el caso de los jóvenes, aunque se vayan de forma aparentemente voluntaria, las autoridades tienen la obligación de buscarlos.
“Cuenta como una desaparición, aunque a los dos o tres días la encuentren, y la quiten después del registro”.
El año 2022 es cuando se han registrado más desapariciones en el último sexenio en Coahuila, con 207 casos. Le sigue el 2023 con 130 casos. Para el Estado, 2022 también es el año con más registros de desapariciones sin localizarse.
A pesar de los incesantes reclamos, de las reuniones o las leyes que se promulgan, las desapariciones en Coahuila continúan.
¿COAHUILA BLINDADO CONTRA LAS DESAPARICIONES?
Silvia Ortiz considera que a pesar de la narrativa oficial, y a pesar de que digan que el Estado se encuentra blindado, Coahuila no puede estar exento a que sucedan desapariciones.
“No olvidemos el permiso que tienen los delincuentes para hacer las cosas. El gobierno federal ha dicho que ‘abrazos, no balazos’, y ese es un mensaje negativo”, comenta Ortiz.
Dice que no porque se escuche y se trabaje con las víctimas, no significa que no dejen de suceder las cosas. “Eso no lo para”, ataja. “Porque aunque sea delincuencia organizada o sea por particulares, hay un permiso no dicho, que al cabo no va a pasar nada”.
Ariana García Bosque cuestiona a qué costo se encuentra blindado el Estado, pues considera que lo que no se hace público es que para justificar el blindaje hacen uso del terror hacia la población en general.
Dice que, a pesar de retenes de seguridad, siguen las denuncias ciudadanas por abusos policiacos que van desde robos, extorsiones, detenciones ilegales, hasta implantaciones de evidencias o tortura.
“Si nos dice el Estado que es blindaje evitar que ingrese la delincuencia organizada, preguntémonos por qué diariamente hay más de 20 o 30 personas detenidas por narcomenudeo. No entiendo a qué tipo de blindaje se refieren”, cuestiona la abogada.
María Elena Salazar considera que aunque se diga que la seguridad es primero y que ciertamente no se está en la misma magnitud de violencia que hace 15 años, “sigue siendo parte de lo mismo”.
“Las arbitrariedades que seguimos viviendo de los cuerpos policiacos a nivel estatal, siguen con las mismas prácticas de antes. En cierto modo es igual a lo que vivimos en fechas pasadas. Las corporaciones policiacas siguen con las mismas prácticas de abuso, desapariciones. Cuando te retienen a una persona y no es presentada a la brevedad en los términos que deben de ser”, comenta Salazar.
Silvia Ortiz coincide y dice que se la ha advertido a las autoridades encargadas de las dependencias de seguridad, de las malas prácticas, “pero siguen con sus mañas”, señala.
Estas prácticas que continúan por parte de las corporaciones, también inhiben las denuncias o los reclamos públicos, considera Ariana García Bosque.
De acuerdo con el RNPDNO municipios como Allende o Matamoros registran 12 y 13 casos de desaparición, respectivamente. Municipios como Sabinas aparecen con más de 50 registros en los últimos seis años. Y municipios más pequeños como Jiménez, Zaragoza o Nava, también aportan casos.
“Creo que al final el Estado tiene aterrorizada a la población, si se atreven a hacer una denuncia es porque existe un acompañamiento. Donde no existe el acompañamiento las personas desisten de continuar con una denuncia. Los policías ya amenazaron, tienen fotografías, domicilios de los familiares. La constante que tenemos es la existencia de amenazas”, apunta la asesora jurídica de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
A pesar del discurso de un Estado seguro, en Coahuila, como en el resto del país, continúan las desapariciones, aunque estas no siempre estén ligadas al crimen organizado.
DESAPARICIONES ‘TEMPORALES’ Y ERRORES
Para Ariana García Bosque, asesora jurídica de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la cifra de 600 desapariciones según el RNPDNO es alta a partir de que existen ocho colectivos que luchan para trabajar en la erradicación de la desaparición. Es alta para para un Estado pionero en leyes de localización y recuperación de indicios y de personas desaparecidas; para un estado pionero en un Centro Regional de Identificación Humana, y pionero en la actualización y reforma de leyes sobre desaparición.
“Es alto a partir de que el esfuerzo ciudadano para erradicar este tipo de delito es enorme, y el costo del estado es elevadísimo”, señala.
Sin embargo, García Bosque también considera que es bajo debido a las malas prácticas en las que el Estado, critica, ha querido justificar las desapariciones como “temporales”.
Explica que estas se relacionan con la desaparición forzada derivado de abusos policiales, en las que se califican como “desapariciones temporales”.
“La desaparición forzada no tiene temporalidades, así sea una o dos horas, se consuma la desaparición forzada. La desaparición forzada no puede ser tipificada por temporalidades”, expone.
Asegura que en este tema, la mayoría de las corporaciones siguen violentando la Ley del Registro Nacional de Detenciones. El artículo cuarto dice puntualmente que el objetivo de la Ley es evitar que se den violaciones a derechos humanos o delitos como lo son la privación ilegal, ocultamiento a través de desaparición y tortura, precisa.
“Tenemos en los informes policiales homologados que los policías justifican el registro y puesta a disposición por más de tres, cuatro horas, porque el sistema no funciona o no pueden documentarlo. Muchos no buscan continuar, a partir de eso es que el registro de la desaparición no es fiable”, considera García Bosque.
Silvia Ortiz de Grupo VIDA agrega que el problema de los números es que los registros los suben y se tardan en quitarlos cuando se logró una recuperación.
Es el caso de Even Cerda Gómez, desaparecido la madrugada del 21 de mayo de 2022 cuando regresaba de visitar a su novia. El joven iba de la colonia Campo Nuevo Zaragoza a su domicilio en Villas Zaragoza, en Torreón. En el camino fue detenido por policías locales. Se comunicó con su novia para avisarle y desapareció. Su cuerpo fue hallado el 30 de mayo, pero fue entregado a la familia el 29 de agosto de 2023. Su caso sigue registrado en la página de la consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero hay otros casos como el de Irma Claribel, hija de Lucy López, cuyo registro de desaparición no aparecía en el Registro Nacional hasta hace algún tiempo, a pesar que su desaparición está documentada desde el 2008.
“Quisieron desaparecernos a muchos, volvernos a desaparecer. No nos hemos dejado. Estado por estado nos hemos puesto a trabajar en conjunto y para poder hacer un registro real”, comenta la señora Lucy López.
Al menos 70 mujeres que desaparecieron desde 2019, no han vuelto a casa. Jovanna Dibanhi es una de ellas.
DECEPCIONADOS DE GOBIERNO FEDERAL QUE TERMINA
Las familias de personas desaparecidas aseguran estar decepcionadas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el último día de septiembre dejará el cargo.
El recorte de recursos o la falta de investigación, son sólo dos rubros que suenan a reclamo para el saliente presidente y la entrante presidenta, Claudia Sheinbaum.
“No sabemos qué nos espera con Claudia, porque el hecho que haya quitado presupuesto para policías, seguridad pública, quitó todos los policías. Acá hemos buscado con dos jóvenes que traen 200 casos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas; oye cuándo van a poder concretar una investigación. Y ese es un reclamo que hacemos todas las familias, el presupuesto que quitó para los policías. El que anda realmente en la calle es el policía, son pocos para tantos casos; completamente rebasados”, reclama Silvia Ortiz.
María Elena Salazar cree que han llegado al tope, al límite en cuanto a la decepción que les dejan las autoridades.
Silvia Ortiz repite lo que han dicho muchas buscadoras: las autoridades le apuestan a que se cansen, a que se vayan muriendo.
“Esperan que el tiempo se lleve las pruebas, que el tiempo las borre. Las autoridades quieren que nos consumamos”, se queja la señora María Guadalupe, madre de Jovanna Dibanhi.
La madre asegura que padece de ansiedad y depresión. Toma pastillas para dormir.
“Tengo ansiedad de que me toque la puerta, de no saber si vive”, platica.
Su hija menor de 13 años también fue diagnosticada con depresión y ansiedad. Y su nieta de seis años ya, le pregunta cada que puede por su mamá.
Pero la madre asegura que no olvidará a su hija, que la seguirá buscando. Y sólo pide una cosa:
“Sólo quiero que me diga qué hizo con mi hija”.
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