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Ciudad de México— Once hombres fueron sentenciados a 50 años de prisión por una serie de asesinatos ocurridos hace más de una década, cuando 122 personas fueron obligadas a bajar de los autobuses en que viajaban en
San Fernando y cuyos cadáveres fueron encontrados en diversas fosas clandestinas en esa localidad del estado de Tamaulipas, informó ayer miércoles la fiscalía federal.
Entre 2010 – cuando 72 migrantes fueron asesinados en un rancho de San Fernando – y 2012 ocurrieron varias masacres, desapariciones y asesinatos en Tamaulipas, la mayoría atribuidas por las autoridades al cártel de los Zetas, que era el de mayor presencia en ese momento en esa región.
Las autoridades dijeron entonces que los Zetas empezaron a sacar a personas de los autobuses que se dirigían a las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros. El punto donde lo hacían era San Fernando.
Sospechaban que el cártel rival, el del Golfo, estaba enviando refuerzos en autobuses a las ciudades fronterizas que ellos controlaban, y por eso los Zetas sacaban a personas de los autobuses, los interrogaban y ofrecían a algunos la oportunidad de unirse a la banda, si demostraban su valía luchando con mazos contra otros pasajeros inocentes.
La escena parecía de un nivel de crueldad inverosímil hasta que expertos forenses empezaron a excavar fosas clandestinas con cientos de cadáveres, casi todos de varones, muchos de ellos con el cráneo destrozado. También se encontraron algunos martillos en las fosas.
En 2011 el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos en San Fernando, que se encuentra en la ruta hacia las dos ciudades fronterizas con Estados Unidos. Más de una década después, decenas de esas víctimas siguen sin ser identificadas.
Más tarde, las autoridades informaron que las víctimas habían sido bajadas de autobuses por los Zetas y obligadas a luchar entre sí con martillos o a morir si se negaban a trabajar para el cártel.
Era tan grande el control de los cárteles en esos años que las empresas de autobuses –amenazadas por las bandas– no denunciaron las desapariciones, hasta que el equipaje no reclamado de las víctimas empezó a amontonarse en las terminales de autobuses de las ciudades fronterizas.
La fiscalía federal indicó que la investigación de los ahora sentenciados comenzó en 2012.
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