Repunta huachicoleo en el estado

La tendencia al alza en el delito de robo de hidrocarburos a la empresa nacional Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como ‘huachicoleo’, continuó en el primer semestre de este año, con un registro de 15 casos mensuales, en comparación con las poco más de 10 incidencias reportadas durante el mismo periodo de 2023.

Así lo consigna el Reporte Semestral de los Delitos del Fuero Federal por los que abre carpetas de investigación la Fiscalía General de la República (FGR), el cual en el país muestra una baja hasta 563 casos mensuales, de 692 en promedio, que registró durante el año pasado.

En la nación, el ‘huachicoleo’ ha ido a la baja a partir del año 2019, cuando comenzaron a perseguirlo con base en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, aprobada desde 2016, pero cuya vigencia fue retrasada por un periodo de transición y reformas a otras normas.

Anteriormente, el robo de hidrocarburos era perseguido con base en el Código Penal Federal, que lo contemplaba en el rubro de delitos patrimoniales, por lo que su registro histórico específico data del primer año completo de la administración federal actual.

En el año 2019, en todo el país, la incidencia fue de 10 mil 464 casos de investigaciones abiertas, principalmente en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, donde se concentra la actividad petrolera en materia de producción, refinación y transporte de la empresa paraestatal; esta cantidad anual representó en ese año un promedio mensual de 872 casos.

En ese mismo 2019 la incidencia del delito registrada en Chihuahua por la FGR fue de 114 casos, es decir, menos de 10 carpetas de investigación federales abiertas cada mes.

Para el año 2020, la incidencia nacional disminuyó drásticamente a cinco mil 939 casos, es decir, 494 cada mes en promedio; en el estado, también bajó a 100 incidencias en el año, lo que representa 8.3 casos mensuales; una cifra más baja que el periodo anterior.

En el 2021, a nivel nacional el ‘huachicoleo’ mostró un repunte hasta los seis mil 155 casos en el año, lo que promedió 512 carpetas de investigación por mes; mientras que en Chihuahua, la baja fue hasta los 39 casos anuales, apenas 3.2 al mes.

Para 2022, en todo el país prácticamente se mantuvo la incidencia del periodo previo, pues fueron registrados seis mil 220 casos durante todo el año, alrededor de 518 por mes. Ese año fue el de más bajos reportes en la entidad, dado que apenas fueron abiertas 32 carpetas de investigación por el Ministerio Público Federal, a razón de 2.6 casos por mes.

Sin embargo, en 2023 terminó la tendencia bajista, al elevarse casi 300 por ciento la incidencia en Chihuahua, que llegó a registrar 127 casos en el año, es decir, 10.5 mensualmente; a nivel nacional también fue reportado un incremento aunque no en la misma proporción, pues pasaron a 692 mensuales, para sumar ocho mil 308 durante todo el año.

Para el primer semestre de este año, la tendencia al alza se mantuvo a nivel estatal, pues las carpetas de investigación abiertas por la FGR entre los meses de enero y junio son 90, a razón de 15 mensuales; en tanto, a nivel nacional suman tres mil 381, un promedio de casi 100 casos menos que los registrados el año pasado en la comparación mensual.

Las pérdidas: 2 mil millones por cada 100 tomas clandestinas

En mayo, El Diario publicó que la pérdida estimada anual de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Chihuahua es de alrededor de dos mil millones de pesos, por cada 100 casos de robo de combustible por los que abre investigaciones la Fiscalía General de la República (FRG), de acuerdo con datos expuestos en las reuniones de las corporaciones de seguridad, que no han logrado frenar la incidencia de este delito en la entidad.

“Información extraoficial del personal de Seguridad Física de Pemex, expuesta en reuniones diversas desde el año pasado con el Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional, apunta a que las pérdidas por tomas detectadas y denunciadas en ductos para transporte de combustible, llegan a costar hasta 20 millones de pesos cada una”, de acuerdo con las estimaciones publicadas.

Entre los volúmenes sustraídos ilegalmente de gasolinas o diésel por determinado tiempo, las reparaciones técnicas y los procesos de todo tipo que implica cada caso, la paraestatal debe enfrentar costos millonarios, a los que se suman las pérdidas de operación por cierres de válvulas o tramos de ductos.

Estos costos son independientes de las causas penales federales abiertas, cuyas conclusiones se desconocen debido a que la FGR no las informa, pero es muy poco factible -de acuerdo con las mismas fuentes- que los procesados por este delito puedan pagar los daños en caso de ser sentenciados.